LA VENGANZA DEL SOBERANO

Por Samuel López Castillo

“Nuestro Crimen contra los delincuentes

es  tratarlos como canallas”

Friedrich Nietzsche

Los recientes acontecimientos ocurridos en los Municipio La Trinidad y Urachiche parecieran indicar una clara tendencia respecto de la noción que en se tiene de la justicia. En La Trinidad, como es sabido, una poblada de motorizados enardecidos, supuestamente, pretendieron linchar a un presunto delincuente que se refugió en la sede de la alcaldía. En Urachiche una multitud linchó a un sujeto señalado de cometer un delito de índole sexual; luego se conoció a través de la prensa, que el linchado no era el presunto delincuente; el soberano lincho al que no era. Dejemos claro que, en Venezuela, ambas iniciativas “justicieras”, son delitos; “rebeliones de las masas” que persiguen siempre la impunidad.

Logro de La justicia del siglo XVIII, que comenzó suprimiendo el suplicio, las humillaciones públicas, las retractaciones públicas y otras formas repugnantes, fue la eliminación del espectáculo punitivo, hasta convertirlo en acto de procedimiento o de administración. Los jueces se percataron de que el verdugo y el asesino en poco se diferenciaban y se convencieron de lo poco glorioso que era el oficio de castigar. Así, encomendaron el trabajo sucio a un grueso cuerpo de técnicos, surgiendo nuevas instituciones vigentes hoy. En otras palabras, se pasa del teatro abominable a la certidumbre del castigo; el castigo se hace menos visible, más abstracto. La publicidad sólo queda para los debates y la sentencia. La modernidad pasa a ser la era del escamoteo de la ejecución de la pena; nace la autonomía administrativa de la ejecución de la pena. La justicia lanza la papa caliente a la administración. Surgen los ministerios del interior, las colonias penitenciarias, las cárceles. Una legión de técnicos sustituyó al anatomista inmediato de los sufrimientos que era el verdugo: Aparecieron los médicos, los psiquiatras, los sicólogos, los educadores (recuérdese que es aquí cuando surge el famoso principio de la finalidad de la pena de educar, corregir o reinsertar en la sociedad al delincuente, que muy sabiamente, Fernando Sabater ha desenmascarado, al calificar a la cárcel de “encierro productivo”, al producir sólo criminales).

Acertadamente, Michel Foucault, ha mostrado que desde el derecho clásico el delito no ha sido sólo el daño voluntario ocasionado a otro, lesión contra los intereses de la sociedad; ha sido, además, un ataque al cuerpo físico del soberano; el delito ha implicado, según esta noción, la rebelión, el enfrentamiento contra el soberano. De acuerdo a esta visión el castigo es además, reparación de daños, reivindicación de los derechos de la sociedad y, fundamentalmente la venganza del soberano, su revancha, el contragolpe de su fuerza; vindicta personal del soberano, con la que éste vuelve a enfrentar al criminal. Esta lógica conduce a que, el exceso de castigo debe corresponder al exceso del crimen e imponerse a él, lo que justificaría el desequilibrio del acto punitivo. Esto se conoce como carácter aterrorizador del castigo; luego, el terror inherente al castigo debía retomar en sí mismo la manifestación del crimen, debía reactualizarse en el castigo mismo. La acción de los linchadores yaracuyanos comulga con esta noción.

Insisto, la lógica de los vengadores no es nueva (tiene autoridad bíblica: Ojo por ojo, diente por diente”), Si desde el siglo XVIII el crimen es un ataque al cuerpo del soberano y aun persiste la idea de venganza, no es difícil entender que éste se sienta autorizado a sumir la justicia-terror por su propia mano. Lo irritante sería que, cuando esta tendencia se extienda, el soberano, amenazaría con desemplear a los seculares y legales aterrorizadores de la sociedad: psiquiatras, policías, ministros, médicos, militares, sicólogos, gobernadores, alcaldes, entre otros.

Prueba de que no invento el agua tibia, es que aún muchas legislaciones nacionales siguen llamando “vindicta pública” a la fiscalía o ministerio público. En este país son millares las sentencias de los tribunales y del Tribunal Supremo de Justicia donde se habla con monótona “normalidad “de la “vindicta Pública”. Antes que rémora del pasado, la “vindicta” o venganza pública está vivita y los beneficiarios de ese amenazado monopolio, cuando menos a fin de cuidar sus ingresos, deberían investigar